Escrito por: Bianna Peña Rubio
Esmeralda Moronta tenía 36 años, dos hijos de 10 y 3 años a los cuales le dedicaba tiempo en presencia y un sueño recién materializado: su propia pastelería (Estilo Pastelero). Sin embargo, todos sus proyectos y su vida fueron truncados de manera brutal por su expareja, en un acto de violencia extrema que ocurrió escasos minutos después de que ella acudiera a una fiscalía buscando protección institucional.
El caso de Esmeralda le pone rostro humano a una tragedia que se repite a diario. Su asesinato nos obliga a mirar de frente una realidad desgarradora: el sistema falló en el momento más crítico.
Cuando una mujer reúne el valor para denunciar, alentada por familiares y campañas de concientización, y aun así encuentra la muerte, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador.
Este tipo de desenlaces genera un “efecto paralizante” en otras víctimas, quienes terminan optando por el silencio ante la percepción de que acudir a las autoridades no garantiza su seguridad, sino que aumenta su exposición y riesgo.
A nivel de América Latina y el Caribe, la violencia feminicida cobra la vida de al menos 11 mujeres cada día. En la República Dominicana, la radiografía de la última década revela cifras alarmantes: se han registrado más de 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Las estadísticas nos gritan que el peligro acecha dentro del hogar y en los vínculos íntimos, siendo las parejas actuales y las exparejas los principales verdugos.
Es imperativo entender que el abandono de la relación es el punto de mayor peligro. El agresor, movido por una cultura de control, celos y sentido de propiedad sobre el cuerpo de la mujer, muchas veces no asimila la separación e intensifica la violencia al ver amenazado su poder.
Un llamado a las Fiscalías, al Sistema Judicial y al Estado
La justicia no puede limitarse a recibir un papel. La protección formal en un documento es insuficiente si no se traduce en una barrera real y efectiva que salvaguarde la vida de las víctimas. A los operadores del sistema judicial y a los agentes gubernamentales se les exige un cambio de enfoque urgente que brinde un trato diligente, presente y empático donde realmente se escuche y se “VEA” a la víctima.
Tras mucho investigar, proponemos que el cambio incluya:
Prohibición absoluta de la conciliación: La violencia de género no es un conflicto negociable. Tratar de mediar o buscar el “perdón” del agresor es un error de enfoque gravísimo que ignora las jerarquías de poder y el ciclo de la violencia.
No a la revictimización: Los procesos penales actuales a menudo invisibilizan las necesidades de las mujeres, viéndolas como simples testigos y sometiéndolas a tiempos judiciales que no concuerdan con el riesgo inminente que corren. Por amor a Dios, ¡Pónganse en nuestros zapatos!
Un llamado a la población
La violencia contra las mujeres no es un “asunto de pareja” que deba resolverse en privado.
Ante una cultura que normaliza el abuso y silencia a las víctimas por miedo o vergüenza, la sociedad civil, las comunidades y las familias deben actuar como la primera red de apoyo.
Ignorar las señales de control, los gritos o el maltrato emocional es ser cómplices de la escalada que termina en feminicidio.
Medidas recomendadas para afrontar esta crisis de forma efectiva:
Para erradicar la violencia y proteger verdaderamente a las mujeres, las fuentes expertas y los análisis institucionales recomiendan la implementación de las siguientes medidas:
Activación inmediata de medidas de protección: La interposición de una denuncia debe detonar, sin burocracia dilatoria, mecanismos de seguridad efectivos y verificables, alejando al agresor y no dejando a la mujer expuesta.
Evaluación de riesgo y debida diligencia: Es vital fortalecer las herramientas de valoración de riesgo feminicida en las fiscalías y comisarías, actuando de manera oportuna ante antecedentes de maltrato o amenazas, las cuales preceden a la tragedia.
Atención integral y multidisciplinaria: Se deben concentrar y ampliar los servicios para las víctimas, ofreciendo casas de acogida, asistencia psicológica, representación legal gratuita y apoyo económico para romper con la dependencia que las ata a sus agresores.
Trabajo conductual con los agresores: Expandir y fortalecer los Centros de Intervención Conductual para Hombres, con el fin de reeducar, modificar patrones machistas y reducir el alto riesgo de reincidencia letal.
Creación de un sistema de información integrado: Articular bases de datos entre la policía, salud, fiscalías y tribunales para que el historial de una víctima esté disponible en todo el sistema, evitando que la mujer deba repetir su historia y facilitando una intervención rápida.
Políticas de prevención con enfoque interseccional: Armonizar las respuestas institucionales mediante la educación en igualdad desde las escuelas, involucrando a hombres y niños en la promoción de la no violencia, y abordando factores agravantes como el consumo de alcohol y drogas por parte de los agresores.
Como concluye el Ministerio Público en sus directrices: “La protección es un derecho; la respuesta del Estado, una obligación”.
El caso de Esmeralda Moronta y el de miles de mujeres más nos exigen actuar hoy, para que ninguna mujer vuelva a encontrar la muerte en el mismo camino donde buscaba la vida.
