El abogado Miguel Surun Hernández expresó su preocupación sobre la recién anunciada implementación de un sistema de multas automáticas por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mediante el uso de radares digitales. Según Surun Hernández, este sistema pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos y plantea serias dudas sobre su validez legal.
Surun Hernández argumentó que esta práctica viola principios constitucionales consagrados en la Constitución de la República Dominicana. En primer lugar, el abogado señala que el sistema choca directamente con el artículo 40 de la Constitución, el cual establece que “nadie es penalmente responsable por otro”. Específicamente, el sistema permite que el propietario de un vehículo sea multado, incluso si no fue la persona que estaba conduciendo en el momento de la infracción, lo que, según el abogado, supone una condena injusta sin la debida comprobación.
Por otro lado, Surun Hernández hizo referencia al artículo 69 de la Constitución, que garantiza el derecho a un juicio “oral, público y contradictorio” y la presunción de inocencia. El abogado consideró que las multas automáticas, sin la intervención de un agente de tránsito que identifique al infractor y levante un acta de contravención, violan este derecho constitucional y el debido proceso legal.
El abogado también señaló que la Ley 63-17 de Tránsito, en su artículo 22, otorga a los agentes de la DGC la facultad de levantar las actas de infracción, pero siempre con la presencia física del agente, no de una máquina. Además, Surun Hernández destacó que el Código Procesal Penal establece claramente que las actas de contravención que no cumplan con el procedimiento establecido carecen de validez legal. Esto refuerza la posición de que las multas impuestas por los radares automáticos no tienen fundamento jurídico y carecen de asidero legal.
Surun Hernández concluyó que el sistema de multas automáticas impuestas por los radares digitales de Digeset no solo es inconstitucional, sino también impráctico y susceptible de causar graves injusticias a los ciudadanos.
