La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación (MINERD) no encontró irregularidades durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.
El informe examinó procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, movimientos de recursos financieros, adquisición de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas del Ministerio de Educación. Sus conclusiones señalan observaciones y oportunidades de mejora relacionadas con aspectos administrativos, documentales, contables, procedimentales y de control interno.
La auditoría se realizó sobre un período marcado por la pandemia del COVID-19, cuando el sistema educativo dominicano tuvo que adoptar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la enseñanza, atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias y mantener en funcionamiento una estructura pública de gran dimensión.
El propio informe reconoce que las circunstancias derivadas de la pandemia y las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas afectaron o pudieron afectar determinados procesos administrativos y de ejecución, incluidos algunos relacionados con proyectos de infraestructura educativa.
Medidas para corregir debilidades
Entre las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de selección y contratación, el resguardo de la documentación, los controles administrativos y de inventario, así como otros procesos institucionales.
De acuerdo con la documentación presentada durante la investigación, la administración encabezada por Fulcar había identificado algunas debilidades preexistentes y adoptado medidas para corregirlas y fortalecer los sistemas administrativos.
En materia de clasificación contable y presupuestaria, por ejemplo, una situación relacionada con la clasificación de gastos fue identificada y posteriormente corregida mediante un acto administrativo de fecha 5 de marzo de 2022. También se gestionó acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la que se firmó un convenio de colaboración.
En cuanto a los inventarios, durante la gestión se implementaron medidas dirigidas a mejorar los mecanismos de control, organización, validación y actualización de los registros.
Asimismo, en los expedientes del personal fueron identificadas debilidades preexistentes y se pusieron en marcha procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar la documentación, además de establecer controles para que las nuevas designaciones contaran con los requisitos correspondientes.
Para Fulcar, estos elementos permiten colocar las observaciones señaladas por la auditoría dentro del contexto de las condiciones en que recibió la institución y de las acciones adoptadas durante su administración.
“Una auditoría seria permite identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o perfeccionarse. Eso forma parte de la responsabilidad de una buena gestión pública”, afirmó el exministro.
El período auditado
Otro aspecto señalado en el informe es la delimitación temporal de las responsabilidades. La investigación comprende hasta el 3 de agosto de 2022, por lo que las actuaciones posteriores a esa fecha corresponden a administraciones posteriores y no pueden ser atribuidas a la gestión evaluada.
Entre los casos identificados se encuentran determinados contratos para la adquisición de dispositivos tecnológicos que fueron rescindidos por incumplimiento de los adjudicatarios. Según la Cámara de Cuentas, la no ejecución de determinadas garantías en esos casos correspondió a la gestión posterior.
“Las medidas que correspondía implementar durante nuestra administración fueron identificadas y puestas en marcha. Si posteriormente algunas de ellas no tuvieron continuidad, esa responsabilidad corresponde a las administraciones posteriores y no a la gestión auditada”, sostuvo Fulcar.
El exministro también consideró que el resultado de la investigación constituye una oportunidad para valorar la gestión realizada durante uno de los períodos más complejos para el sistema educativo dominicano.
“La pandemia no podía convertirse en una excusa para abandonar los principios de transparencia y responsabilidad. Al contrario: mientras más extraordinarias son las circunstancias, mayor debe ser el compromiso ético de quienes administran recursos públicos”, expresó.
Fulcar afirmó que durante su gestión se procuró mantener procesos, controles y soluciones en marcha frente a los desafíos que representó la pandemia.
“Nos correspondió gestionar la educación dominicana en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Lo hicimos enfrentando enormes desafíos y procurando dejar procesos, controles y soluciones en marcha. Hoy, frente a una investigación especial de la Cámara de Cuentas, tenemos la tranquilidad de que no se encontraron irregularidades en nuestra gestión”, manifestó.
Finalmente, el exministro dijo recibir el informe con respeto institucional y destacó la importancia de que la gestión pública sea evaluada a partir de documentos y evidencias.
“Siempre hemos defendido que la gestión pública debe ser evaluada con documentos, con evidencias y con responsabilidad. Hoy esos documentos están disponibles para que la sociedad conozca lo ocurrido y pueda formarse su propia valoración”, concluyó.
