El nuevo Código Penal dominicano continúa generando debate por los cambios que introduce, su entrada en vigencia y los retos que plantea para el sistema de justicia.
Durante la emisión estelar de Telenoticias, en entrevistas con Roberto Cavada, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Wandy Batista, y los abogados Harold Modesto y Olivo Rodríguez, expusieron sus consideraciones sobre la normativa.
Wandy Batista afirmó que la aprobación del nuevo Código Penal salda una deuda de décadas del Congreso Nacional y señaló que, aunque la norma puede ser mejorada, representa un avance para el país.
También explicó que, si la ley que introduce modificaciones no es promulgada, el Código Penal entraría en vigencia el 3 de agosto como fue aprobado originalmente, aunque consideró ideal que se aplique con los ajustes realizados.
En relación con la libertad de expresión, Batista explicó que el Tribunal Constitucional no eliminó la prisión por difamación, sino que estableció diferencias en los casos relacionados con el ejercicio periodístico.
Indicó que la libertad de expresión no puede utilizarse como argumento para afectar el honor o la reputación de otras personas y que el interés general debe ser determinado conforme a los mecanismos del Estado.
Sobre la responsabilidad penal de las empresas, destacó que se simplificaron requisitos para las mipymes y explicó que esta figura está dirigida principalmente a casos donde las compañías sean utilizadas como instrumento para cometer delitos como lavado de activos, contrabando u otras acciones ilícitas.
El abogado Harold Modesto sostuvo que la República Dominicana necesitaba un Código Penal moderno que respondiera a las realidades actuales. Explicó que la libertad de expresión debe coexistir con derechos como el honor, el buen nombre y la imagen, y consideró que algunas penas contempladas en la versión original del Código Penal eran excesivas.
Modesto también planteó el debate sobre si la prisión es la vía adecuada para reparar daños al honor y señaló que debe evaluarse si cumple realmente con una función de reparación y resocialización. Además, explicó que los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional seguirán su curso y que ese órgano tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.
Asimismo, abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y explicó que la entrada en aplicación de esta figura requiere una adaptación del sector empresarial, debido a la implementación de programas de cumplimiento que permitan prevenir responsabilidades penales.
Por su parte, el abogado Olivo Rodríguez afirmó que el nuevo Código Penal representa una transformación del derecho penal dominicano y explicó que la normativa moderniza el sistema, aunque aclaró que no reúne la totalidad de los ilícitos penales, debido a que existen delitos regulados por leyes especiales.
Rodríguez también señaló que la libertad de expresión pertenece a todos los ciudadanos, no únicamente a los periodistas, pero destacó que debe ejercerse con responsabilidad. Consideró que la reforma mejoró el tratamiento de las sanciones y que el debate sobre el Código Penal no debe concentrarse únicamente en ese aspecto.
Sobre la acumulación de penas, Rodríguez explicó que el objetivo es graduar la gravedad de los delitos para que las sanciones sean proporcionales.
Indicó que, aunque existen preocupaciones sobre condenas que podrían alcanzar hasta 60 años, el sistema contempla mecanismos de ejecución de penas y reinserción.
Los juristas y el legislador coincidieron en que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un cambio importante para el sistema jurídico dominicano, mientras continúan los debates sobre su aplicación, modificaciones y alcance.
