Por Yulibelys Wandelpool
Abogada, especialista en Derecho Laboral, Derecho Administrativo y Compras Públicas
En el marco del Día del Trabajador, el análisis del mercado laboral dominicano debe centrarse en las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo y en la capacidad del sistema para garantizar derechos, estabilidad y protección efectiva a la clase trabajadora.
De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de la República Dominicana (julio–septiembre de 2025), se generaron más de 119,000 nuevos empleos. Sin embargo, su composición evidencia una distorsión estructural: el 64% corresponde al sector público y apenas un 1% al sector privado formal. Este patrón no solo plantea un desafío económico, sino también laboral. La expansión del empleo no necesariamente se traduce en mejores condiciones para los trabajadores si no va acompañada de formalidad, estabilidad y acceso efectivo a derechos.
A esto se suma un factor crítico: la informalidad continúa siendo una característica estructural del mercado laboral dominicano. Datos recientes indican que, a abril de 2026, el 49.6% de la población ocupada se encuentra en el sector informal, lo que confirma que prácticamente uno de cada dos trabajadores desarrolla su actividad al margen de los mecanismos formales de protección. En términos jurídicos, esto implica que una parte significativa de la clase trabajadora queda excluida del acceso a la seguridad social, a la protección frente a riesgos laborales y a mecanismos efectivos de tutela administrativa y judicial.
La informalidad, en este sentido, no es solo una falla del mercado, sino una limitación estructural en la garantía de derechos laborales.
En paralelo, el incremento sostenido de la canasta básica continúa afectando el poder adquisitivo. En el caso del quintil de menores ingresos, la canasta pasó de RD$27,943.51 en marzo de 2025 a RD$29,350.98 en marzo de 2026, lo que representa un aumento de 5.03%. Este comportamiento reduce la capacidad del salario para cumplir su función esencial: garantizar condiciones de vida adecuadas.
En esa misma línea, resulta pertinente contrastar la estructura salarial vigente con el costo de vida. De acuerdo con la última resolución del Comité Nacional de Salarios, el salario mínimo mensual en el sector privado no sectorizado se sitúa actualmente en RD$29,988.00 para las grandes empresas, RD$27,489.60 para las medianas, RD$18,421.20 para las pequeñas y RD$16,993.20 para las microempresas. Este esquema, aunque responde a la capacidad económica de las unidades productivas, evidencia que una parte importante de los trabajadores percibe ingresos que enfrentan limitaciones reales frente al costo de los bienes y servicios esenciales.
En este contexto, las posiciones recientes del movimiento sindical, que insisten en la necesidad de una reforma laboral y de garantizar pensiones dignas, reflejan preocupaciones legítimas sobre la efectividad del sistema de protección al trabajador. Desde una perspectiva técnica, estos planteamientos evidencian tensiones estructurales tanto en el mercado laboral como en el sistema de seguridad social, particularmente en lo relativo a la suficiencia de los ingresos y a la cobertura de las prestaciones.
Dentro de esta dinámica, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) juegan un rol determinante como generadoras de empleo. No obstante, su capacidad de operar en la formalidad se encuentra condicionada por cargas regulatorias, costos laborales y obligaciones fiscales y de seguridad social, lo que incide directamente en la calidad y formalización de los empleos que generan.
Este elemento resulta relevante en la medida en que vincula las condiciones del tejido productivo con la realidad de la clase trabajadora, evidenciando que la mejora del empleo no puede abordarse de manera aislada.
El escenario descrito coincide con el estancamiento de la reforma al Código de Trabajo, cuya discusión se ha concentrado en la cesantía. Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente frente a los desafíos actuales del mercado laboral. La cesantía, como institución de protección frente a la terminación del vínculo laboral, no puede ser presentada como una carga arbitraria ni como un privilegio desmedido, sino como un mecanismo de equilibrio y justicia compensatoria frente a la pérdida de ingresos que produce una cancelación unilateral por parte del empleador sin causa justificada. En ese sentido, cualquier propuesta de modificación debe partir de un criterio básico: no resulta jurídicamente viable su eliminación o reducción sin la existencia de una figura que efectivamente la sustituya, garantizando el principio de progresividad de los derechos laborales. La evidencia económica, además, demuestra que bajo este mismo régimen la economía dominicana ha crecido de manera sostenida, lo que desvirtúa el argumento de que la cesantía constituye un obstáculo para el desarrollo. Por tanto, su revisión no puede abordarse como el eje central del debate, sino como parte de una discusión más amplia sobre la modernización integral del sistema laboral.
La reforma laboral debe entenderse como una herramienta para fortalecer la protección del trabajador, adaptar la regulación laboral vigente a nuevas realidades del empleo, incorporando innovaciones en las formas de ejecución de los contratos, como el trabajo remoto, las modalidades híbridas y las plataformas digitales, y garantizar un equilibrio adecuado entre derechos laborales y sostenibilidad económica.
En consecuencia, el análisis del empleo debe centrarse en su dimensión cualitativa: formalidad, estabilidad, protección jurídica y suficiencia salarial.
En este sentido, la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo no puede abordarse de manera aislada. Requiere una visión transversal que articule de forma coherente el régimen laboral con el sistema de seguridad social y la realidad fiscal y tributaria de las empresas, en la medida en que estos elementos inciden directamente en la formalización del empleo, la sostenibilidad del aparato productivo y la efectividad de los derechos laborales.
Asimismo, resulta imprescindible abordar de forma integral la relación entre régimen laboral, seguridad social y sistema tributario, en la medida en que estas variables inciden directamente en las condiciones reales del trabajador.
La estructura actual del empleo en la República Dominicana, combinada con altos niveles de informalidad y presiones sobre el poder adquisitivo, configura un escenario que compromete la efectividad de los derechos laborales y plantea la necesidad de una respuesta institucional más coherente y articulada.
Este escenario exige avanzar hacia una reforma laboral responsable, construida sobre criterios de coherencia, equilibrio y garantía efectiva de los derechos de la clase trabajadora, sin perder de vista la protección del mercado productivo como base para la generación de empleo y la estabilidad económica.
