El director general de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo, informó que la institución se encuentra inmersa en un proceso de modificación de la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de agilizar los procedimientos sin sacrificar los niveles de transparencia, control y rigor técnico que caracterizan este modelo de contratación pública.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, Lugo explicó que tras más de cinco años de aplicación de la normativa vigente, la experiencia acumulada ha permitido identificar áreas de mejora que facilitarán la estructuración, evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de infraestructura y servicios públicos desarrollados bajo el esquema de APP.
Indicó que la propuesta de reforma se sostiene sobre tres ejes fundamentales: el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, la creación de un fondo especializado para la preparación de proyectos y la modernización del ciclo de vida de los proyectos, con la meta de reducir los plazos totales a un rango estimado de entre 10 y 18 meses.
Lugo reconoció que una de las principales críticas al modelo ha sido la duración de los procesos, razón por la cual se plantea también la creación de procedimientos especiales para proyectos de menor complejidad, que permitan mayor agilidad sin comprometer los estándares internacionales de evaluación técnica, económica y jurídica.
Asimismo, aclaró que las alianzas público-privadas no constituyen privatización, ya que todos los activos y servicios generados bajo este esquema continúan siendo propiedad del Estado, mientras que el sector privado asume parte de los riesgos financieros y operativos a cambio de una rentabilidad regulada y supervisada.
El funcionario destacó que la reforma ha sido producto de un proceso de concertación con instituciones públicas, el sector empresarial y otros actores clave, y que el diálogo continuará en el Congreso Nacional durante el proceso legislativo. Añadió que la modificación de la ley es clave para viabilizar un portafolio de proyectos que actualmente se encuentra en fase de identificación y estructuración en distintas instituciones del Estado.
Finalmente, señaló que la agilización del marco legal permitirá ampliar el uso de las APP como un mecanismo alternativo para desarrollar obras de interés social, en un contexto donde el Estado enfrenta limitaciones presupuestarias frente a una creciente demanda de infraestructura y servicios públicos.
