El exprocurador solicitó al presidente Luis Abinader una comisión especial de fiscales y un equipo externo que garantice transparencia en las pesquisas.
SANTO DOMINGO.– El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó este jueves al presidente Luis Abinader que ordene una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales y la posible existencia de una estructura criminal que busque controlar el mercado nacional del microtráfico de drogas.
En una carta pública fechada el 22 de octubre de 2026, Domínguez Brito expresó su preocupación por los fallecimientos de personas presuntamente vinculadas a robos, atracos y venta de sustancias ilícitas, en circunstancias que, según indicó, suelen presentarse como intercambios de disparos.
El exfuncionario advirtió sobre la posibilidad de que algunas de estas muertes se utilicen para eliminar competidores y facilitar la concentración de la venta de cocaína y marihuana en manos de una sola organización criminal.
No obstante, aclaró que no presenta esta hipótesis como un hecho demostrado, sino como una situación que requiere una investigación profunda para establecer responsabilidades y determinar qué ocurre realmente.
Domínguez Brito alerta sobre posibles ejecuciones extrajudiciales
En su comunicación dirigida al mandatario, el exprocurador señaló que durante los últimos meses se han reportado muertes de personas vinculadas presuntamente al microtráfico en distintas provincias y en el Gran Santo Domingo.
A su juicio, la frecuencia de estos acontecimientos obliga a examinar posibles patrones y determinar si existen conexiones entre las actuaciones policiales y los intereses de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Domínguez Brito también cuestionó la forma en que se identifican algunas de las personas fallecidas en las informaciones publicadas por los medios de comunicación.
Según expuso, en ocasiones se utilizan apodos o nombres imprecisos, sin ofrecer información suficiente sobre sus identidades y los procesos judiciales relacionados con sus casos.
Esta situación, consideró, dificulta el seguimiento individual de los hechos y el escrutinio público de las circunstancias en las que se producen las muertes.
CARTA INTEGRA:
CARTA PÚBLICA
Santo Domingo, República Dominicana
22 de octubre de 2026
Señor
Luis Abinader
Presidente de la República de la República
Su despacho.
Asunto: Solicitud urgente de investigación sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y la eventual conformación de una estructura criminal para controlar el microtráfico de drogas.
Honorable señor Presidente,
Me dirijo a usted para expresar una profunda preocupación ante el creciente número de muertes de ciudadanos en actuaciones policiales, muchas de ellas presentadas como supuestos intercambios de disparos, y para solicitar una investigación sobre una hipótesis de extraordinaria gravedad que pudiera estar desarrollándose detrás de estos acontecimientos.
No se trata solamente de las muertes de jóvenes señalados como responsables de robos y atracos. También hemos observado informaciones sobre personas presuntamente vinculadas al microtráfico de drogas que han perdido la vida en circunstancias similares.cuando los mismos no son prófugos de la pólicia y no están en el rango de su competencia.
En materia de crimen organizado, los indicios objetivos, cuando son graves, precisos y concordantes, constituyen elementos que deben ser tomados muy en serio para orientar las investigaciones. La coincidencia de acontecimientos puede revelar patrones que no debemos ignorar.
En los últimos meses hemos visto un incremento de muertes o asesinatos de microtraficantes en diversas provincias del país y en el gran Santo Domingo a manos del Dicrim. No pretendo señalar nombres pues vasta ver los periódicos o la prensa en sentido general donde casi a diario se presentan casos de este tipo. Lamentablemente son nombrados por sus apodos o nombres difusos. Nunca con su número de cédula y los procesos que cursan en los tribunales. Modos operandi indudablemente perverso que impide la transparencia y las investigaciones casos por casos por parte de quienes cuestionamos este tipo de acciones.
Sin embrargo nuestra preocupación fundamental en esta misiva es que algunas de estas muertes pudieran estar siendo utilizadas para eliminar competidores del mercado del microtráfico y facilitar que una sola estructura criminal concentre progresivamente el control de la venta de cocaína y marihuana en el territorio nacional.
En el pasado hemos conocido organizaciones criminales que controlaban determinados territorios, particularmente en el Cibao, y denuncias e investigaciones que conducían sobre la protección que recibían de miembros de la Policía Nacional y de organismos encargados de combatir el narcotráfico como la DNCD.
Todos conocimos el
Rol que jugó el agente policial denominado “la soga” en ese sentido. Cómo el coronel denominado “el indio” sirvió a carteles a estos fines. O agentes como “cabrerita y otros más jugaron un papel es este tipo de acción. Ni hablar de participación de militares o policías de alto o mediano rango involucrados en el narcotráfico. La lista es grande.
Hablo de la posibilidad de que se esté gestando a nivel nacional lo que lograron en el Cibao “los rubiasos “ o “nino come mezcla “ el monopolio del microtrafico, tampoco del control del otros actores en el gran Santo Domingo. Todos con apoyo militar o policial. Lo que se percibe ahora es una coordinación nacional por la sucesión de ejecuciones que estamos observando.
Pero lo que ahora debemos investigar pudiera ser mucho más grave: la eventual conformación de una superestructura criminal con capacidad para monopolizar y dirigir por un solo cartel el mercado nacional del microtráfico, utilizando a miembros de los organismos de seguridad del Estado para eliminar a quienes no se sometan a su control.
De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante una de las amenazas más peligrosas para la seguridad nacional y el Estado de derecho que hayamos tenido.
El microtráfico constituye un negocio ilícito multimillonario que destruye a nuestros jóvenes, corrompe instituciones y genera violencia.
En nuestro país El consumo de drogas “de nuestros hijo e hijos de nuestros hijos “ crece cada día deteriorando su vidas y llenando de ansiedad y temores a nuestras familias.
Pero sería todavía más grave que, bajo el argumento de combatir la delincuencia mediante las llamadas operaciones de «chapeo», se estuviera favoreciendo la creación de una organización criminal mucho más poderosa que las conocidas hasta ahora.
Lo de los peajes a manos de la policía y la DNCD ha sido costumbre durante muchos años. Lo de matar microtraficantes por encargo y ese encargo sea a policías también ha sido normal lamentablemente y usted sabe como lo combatimos en el pasado. Pero de ahí a crear una superestructura nacional eso si sería peligroso. Observamos serios indicadores que nos llevan a esa preocupación.
No afirmo que estos hechos estén demostrado.Precisamente por ello, considero indispensable una investigación independiente que permita establecer la verdad.
Solicito formalmente la conformación de una comisión especial de fiscales de alto nivel, bajo la dirección del Ministerio Público, que investigue dos cuestiones fundamentales junto a una comisión de la verdad externa que garantice transparencia y apoyo moral al ministerio público.
Primero: Las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, para determinar si existen ejecuciones extrajudiciales y posibles patrones de eliminación selectiva de personas vinculadas al microtráfico.
Segundo: La posible existencia de una estructura criminal que esté concentrando el control del mercado nacional de drogas al detalle, investigando especialmente si miembros de la Policía Nacional, la DNCD u otros organismos de seguridad pudieran estar participando, protegiendo o facilitando ese proceso.
Resulta fundamental investigar quiénes están asumiendo el control de los puntos de venta de drogas después de estas muertes, quiénes se benefician económicamente y si existen conexiones entre los responsables de determinados operativos policiales y las organizaciones que posteriormente ocupan esos territorios.
Señor Presidente,
La lucha contra la delincuencia no puede justificar las ejecuciones extrajudiciales ni el desconocimiento del Estado de derecho.
Pero si grave es que se esté matando al margen de la ley, mucho más grave sería que esas muertes estuvieran sirviendo para construir, desde sectores de los propios organismos de seguridad del Estado, la estructura criminal más poderosa de la historia dominicana.
No podemos permitir que, mientras la sociedad cree que se está combatiendo el narcotráfico, en realidad se esté facilitando su concentración bajo una organización criminal con protección institucional.
La gravedad de esta posibilidad exige actuar ahora, investigar a fondo y despejar cualquier sospecha.
Atentamente,
Francisco Domínguez Brito
Exprocurador General de la República
