Maxi Feliz, titular de la Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de Fuerza del Pueblo, advierte que no se puede hablar de educación inclusiva mientras persistan barreras, altos costos y falta de respuestas para las familias
Santo Domingo, R.D. — Ante el inicio del año escolar 2026-2027, la titular de la Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de la Fuerza del Pueblo, Maxi Feliz, cuestionó la respuesta del Gobierno frente a las dificultades que continúan enfrentando familias dominicanas para encontrar centros educativos preparados para recibir y brindar los apoyos que requieren sus hijos neurodivergentes.
Feliz señaló que mientras el Gobierno anuncia la apertura del nuevo año escolar, para muchas familias la realidad es distinta: su preocupación va mucho más allá de comprar uniformes, libros y útiles escolares, pues todavía se preguntan dónde estudiarán sus hijos y si encontrarán un centro capaz de responder adecuadamente a sus necesidades.
“No podemos hablar de un regreso a clases verdaderamente inclusivo mientras haya familias tocando puertas para conseguir un espacio educativo para sus hijos. Esa realidad también forma parte del sistema educativo dominicano y no puede quedar fuera del discurso oficial”, manifestó.
La dirigente sostuvo que esta situación adquiere mayor gravedad ante las dificultades que ha enfrentado la implementación efectiva de la Ley 34-23 sobre Trastorno del Espectro Autista, pese a que la legislación establece obligaciones concretas para el Estado y dispone la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.
“¿Cómo puede el Gobierno hablar de inclusión mientras una ley promulgada desde 2023 continúa sin contar con una asignación presupuestaria específica claramente identificada para garantizar plenamente su implementación? Sin recursos no hay ejecución, y sin ejecución los derechos terminan quedándose en el papel”, cuestionó Feliz.
La titular de Neurodiversidad e Inclusión sostuvo que el Ministerio de Educación debe explicar qué recursos está destinando específicamente al cumplimiento de las obligaciones educativas derivadas de la Ley 34-23, cuántos espacios adecuados existen actualmente, cuántos estudiantes con TEA están siendo atendidos y cuántas familias permanecen a la espera de una respuesta educativa.
“Si existen recursos disponibles para educación, la prioridad debe ser garantizar que ningún niño quede fuera. Cada peso destinado a inclusión debe traducirse en aulas preparadas, profesionales capacitados y apoyos reales para nuestros niños, no simplemente en discursos sobre inclusión”, expresó.
Feliz también llamó la atención sobre el impacto económico que esta falta de respuestas provoca en los hogares, que terminan asumiendo terapias, evaluaciones, acompañamiento especializado, materiales adaptados y alternativas educativas privadas que muchas familias sencillamente no pueden costear.
“El problema de República Dominicana no puede seguir siendo tener derechos reconocidos en el papel que las familias deben salir a perseguir en la práctica. La inclusión no puede ser un eslogan ni puede depender del bolsillo de una familia”, afirmó.
Desde la Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de la Fuerza del Pueblo, Feliz llamó al Gobierno y al Ministerio de Educación a transparentar la situación real de la población estudiantil neurodivergente y presentar respuestas concretas para las familias que todavía enfrentan barreras de acceso de cara al nuevo año escolar.
“Desde la oposición seguiremos fiscalizando, proponiendo y exigiendo. Una ley sin presupuesto suficiente, una escuela sin los apoyos necesarios y una familia sin respuesta no representan inclusión. La verdadera inclusión se demuestra con inversión, ejecución y resultados”, concluyó.
