Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, advirtió sobre la creciente industria delictiva que gira en torno al robo de teléfonos celulares en el país, y anunció una serie de medidas regulatorias para combatir el uso anónimo de líneas móviles que alimentan actividades criminales.
En una entrevista, Gómez Mazara reveló que en los últimos 18 meses se han reportado oficialmente 54,322 celulares robados o extraviados, pero estimó que esa cifra apenas representa la mitad de los casos reales. “En República Dominicana desaparecen en promedio 3,012 teléfonos al mes, lo que equivale a 100 por día”, afirmó.
El funcionario destacó que la venta descontrolada de líneas móviles tipo prepago es uno de los principales problemas, ya que semanalmente se activan 400,000 nuevas SIM cards, de las cuales un 85% se comercializa sin control ni verificación de identidad. “Eso convierte al chip en una herramienta ideal para el crimen: se usa, se descarta y desaparece la trazabilidad”, explicó durante su participación en el programa matutino Uno Más Uno.
Para combatir este fenómeno, Indotel ha ordenado a las prestadoras y dealers de telefonía exigir a partir de ahora cédula, fotografía y validación biométrica (huellas digitales) para activar una línea. Estas medidas, dijo, permitirán devolver trazabilidad a las investigaciones de delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión o estafas digitales.
Además, advirtió que Indotel ha dado un plazo de 30 días no prorrogable para que las compañías limpien sus bases de datos y regularicen las líneas existentes.
Gómez también denunció la existencia de un mercado negro de piezas de celulares robados, y mencionó plazas comerciales que funcionan como centros de “desguace” de teléfonos. “Invitamos a los ciudadanos a reportar el robo de sus dispositivos para poder tener mayor control”, exhortó.
En coordinación con el Ministerio Público, se prevé una ofensiva contra los puntos de venta y reparación clandestina, así como la implementación de validaciones con huellas digitales para impedir el uso de cédulas falsas en la activación de líneas.
“El teléfono móvil, que debería ser una herramienta de progreso, se ha convertido en un aliado del crimen. Nuestro compromiso es frenar eso con medidas firmes y trazables”, concluyó Gómez Mazara, tras relatar incluso casos como el de un preso que ofrecía consultas de brujería desde la cárcel y acumuló más de 3 millones de pesos gracias al acceso irregular a telefonía.
Estas nuevas disposiciones buscan cerrar brechas legales, mejorar la seguridad ciudadana y limitar el uso del sistema de telecomunicaciones con fines delictivos en República Dominicana.
