Santo Domingo. Juristas y especialistas del derecho participaron en el foro “Impacto del Nuevo Código Penal: ¿Avance o Retroceso?”, donde debatieron distintos aspectos de la pieza legislativa, entre ellos la libertad de expresión, la protección de la intimidad, la necesidad de una reforma con respaldo técnico y la entrada en vigencia de la normativa.
Libertad de expresión y sus límites
El jurista Cristóbal Rodríguez Gómez sostuvo que parte del debate sobre la libertad de expresión parte de una confusión entre ese derecho fundamental y su ejercicio abusivo. Explicó que la Constitución no protege conductas orientadas a ofender, difamar o extorsionar, por lo que consideró necesario distinguir entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y aquellas actuaciones que lesionan los derechos de otras personas.
En esa misma línea, Francisco Álvarez Martínez afirmó que el periodismo debe tener plena libertad para informar sobre hechos investigados, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Sin embargo, precisó que cuando se realizan acusaciones sobre hechos ilícitos, corresponde al comunicador sustentarlas con pruebas, ya que también asume la responsabilidad por la información que difunde.
Protección de la intimidad
Durante su intervención, el jurista Miguel Valeriodefendió las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la divulgación de imágenes íntimas, al señalar que su finalidad es proteger la vida privada de las personas y no restringir la libertad de expresión.
Indicó que estas medidas responden a problemáticas como la pornografía infantil, la trata de personas y otras formas de explotación en las que el material íntimo suele utilizarse para chantajes y delitos. Asimismo, explicó que la modificación planteada por el Poder Ejecutivo, al limitar estas disposiciones al ámbito de la intimidad, atiende una necesidad real.
Entrada en vigencia y ajustes posteriores
Por su parte, Eduardo Jorge Prats planteó que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia en la primera semana de agosto, pese a reconocer que la legislación resolverá algunos problemas y generará otros. En ese sentido, propuso la creación de una comisión de seguimiento que permita identificar las disposiciones que requieran ajustes una vez la norma comience a aplicarse.
Reforma con respaldo técnico
Jorge Prats también defendió que las futuras modificaciones al Código Penal se fundamenten en informes técnicos elaborados por juristas y operadores del sistema de justicia. A su juicio, una reforma de esta trascendencia no debe depender únicamente de decisiones políticas o de cambios improvisados, sino de un proceso sustentado en criterios técnicos y especializados.
