Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dictó el Decreto núm. 675-26, de fecha 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se modifica el Reglamento de Licencias de Conducir para asegurar la aplicación efectivade la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, con lo cual evita un vacíonormativo que podría generar inseguridadjurídica en perjuicio de los ciudadanos.
La nueva disposición, que deroga el Decretonúm. 330-26, establece que la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir seráuniforme de cuatro (4) años, con vencimientoel día del cumpleaños del titular, conforme a lo establecido en el artículo 208 de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo no solo acata plenamente el mandato del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución la distinción basadaexclusivamente en la edad para condicionar o reducir la vigencia de las licencias, sino queademás adopta previsiones adicionales para garantizar que no exista ningún tipo de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El decreto establece de manera expresa que, en ningún caso, la edad por sí sola podrá ser utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia o autorización para conducir. La evaluación de la aptitud para conducir se realizará a través de exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, conformea las facultades que la Ley 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La normativa reafirma que la suspensión o cancelación de una licencia solo procederá porlas causales establecidas en la ley: cuando el titular deje de cumplir con los requisitosexigidos, o cuando se acredite mediantecertificado médico la imposibilidadpermanente física o mental para conducir, garantizando siempre el debido procesoadministrativo.
Con esta decisión, el Gobierno dominicanoratifica su compromiso con el respetoirrestricto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protecciónde los derechos fundamentales de todos losciudadanos, en especial de los adultosmayores, promoviendo su integración a la vidaactiva y comunitaria sin exclusiones arbitrarias.
El Poder Ejecutivo reitera así su disposición a cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalidad del país y garantizando que el marco normativo esté siempre al servicio de la dignidad humana.
